El Concejal Celio Nieves Herrera del Polo Democrático Alternativo, expresó que como muchas de las situaciones que pasan en nuestro país, nunca nos alcanza el tiempo para hacerlas bien.

Esta vez se pide la prórroga por tres meses más para los contratos de barrido recolección y limpieza de la ciudad, porque la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico al presentar su conclusión pidió al distrito no solo modificar la propuesta para el servicio de aseo que tendrá Bogotá para los próximos 8 años, además rechazó por “serias inconsistencias” y malos cálculos tarifarios e igualmente solicitó saber si el actual encargado de la UAESP Carlos Arturo Arboleda es el representante legal de la entidad, porque hoy aún no se sabe si esta entidad tiene un responsable. Por lo anterior, el proceso licitatorio para la concesión del servicio, no se ha iniciado aún. La pregunta que nace de ésta situación, entonces es: ¿cuándo fue presentado el estudio de la UAESP a la CRA?, indicó el cabildante.

De acuerdo con derecho de petición contestado en septiembre de 2010 sobre el término ordinario de vencimiento de los contratos de aseo, la UAESP respondió que la vigencia era de 7 años prorrogables por uno más, el cual venció el 15 de septiembre de 2010. En Comunicado del 30 de Septiembre del mismo año, la UAESP expuso el mismo argumento para prorrogar los contratos por 9 meses, es decir, hasta el 14 de junio de 2011.

“Así como en informes anteriores he manifestado mi desacuerdo con este procedimiento, hoy nuevamente llamo la atención pues esto se ha convertido en una costumbre malsana que debería erradicarse de las prácticas cotidianas de la administración”, puntualizó Nieves Herrera, quien agregó que aunque según se anunció una prórroga de tres meses más mientras se adelante la licitación, lo cierto es que el proceso podría durar entre 6 y 8 meses según lo advirtió el mismo director de la UAESP.

Finalmente, el Concejal señaló que estas prorrogas lo que han logrado de manera sistemática es hacerle el quite a la Sentencia de Tutela T-724 de 2003 y al auto 275 de 2011 de la Corte Constitucional con el que se advierte el incumplimiento de la inclusión de la población recicladora en la gestión pública de los residuos sólidos. Creemos que las constantes prórrogas al contrato no solamente lesionan la credibilidad de la administración hacia los ciudadanos, sino que benefician a las empresas prestadoras de recolección, barrido y limpieza de residuos que nada hacen para mejorar el servicio.