Las medidas equivocadas del Gobierno, que iniciaron con la pretensión de imponer unas disposiciones de políticas a la población colombiana, se han acentuado con la preocupante decisión de militarizar las ciudades y permitir la brutal represión a las manifestaciones ciudadanas.

El Paro Nacional que inició el pasado 28 de abril es una acción justa y amparada por la democracia. Desde ese día millones de personas han salido a las calles, han colgado carteles, han golpeado sus cacerolas, han hablado de los problemas del país con sus vecinos o en sus redes sociales. Sin duda alguna, uno de los elementos que debe consolidar una democracia es el respeto a la protesta, al derecho que tiene la ciudadanía a hacerse oír e incidir en las decisiones políticas. 

Sin embargo, el gobierno Duque ha demostrado su debilidad. Ha asumido con soberbia que sus decisiones no deben cuestionarse, que la población que él representa no tiene el derecho a debatir ninguna de las medidas adoptadas. La militarización de las ciudades y de las zonas donde aún hay manifestaciones de protesta, así como su permisividad con el uso desmedido de la fuerza, evidencian aún más el desprecio de este gobierno por los ciudadanos y sus justas reclamaciones.

Todos los días se ve la brutal represión con las que este gobierno enfrenta las protestas y que atenta contra los Derechos Humanos: asesinatos, desapariciones, violaciones sexuales, personas heridas de gravedad (muchas de ellas en sus ojos). El Presidente, contrario a su mandato constitucional, no solo no ha tomado ninguna medida para evitarlas y judicializar a los responsables, sino que con su tolerancia permite que este tipo de acciones se repitan. 

A las denuncias de la violación de Derechos Humanos de centenares de organizaciones locales de Derechos Humanos, de colectivos sociales y comunitarios, de fuerzas políticas alternativas, entre otros, se suma la condena de la Unión Europea y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que, a través de su Secretario General y de su Oficina de Derechos Humanos, denunciaron el uso excesivo de la fuerza para disolver las manifestaciones ciudadanas. La situación es tan compleja que la representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, denunció que miembros de su oficina que hacían seguimiento a las protestas en Cali no solo fueron amenazados y agredidos por la Policía, sino que los uniformados dispararon sus armas de fuego. 

La militarización de la sociedad es un retroceso para Colombia y una decisión contraria a la democracia, que no solo pone el peligro la vida de la ciudadanía que decide hacer uso de su derecho a la protesta, sino que afecta la credibilidad ciudadana en las instituciones estatales.

El concejal Celio Nieves Herrera exige al Gobierno Nacional la desmilitarización inmediata de las ciudades y municipios y la inmediata judicialización de los miembros de la fuerza pública involucrados en la violación de Derechos Humanos. Así mismo, le recuerda al Ministerio de Defensa y a la Fuerza Pública del país que su deber supremo es la protección de los derechos de las personas, especialmente la vida.

La manifestación ciudadana es una expresión del descontento de los colombianos. En la medida que el Gobierno haga oídos sordos, y desconozca las justas exigencias de la población, las marchas, los afiches y los cacerolazos continuarán en el país. Nieves Herrera hace un llamado para que juntos protejamos el derecho a la protesta y a cada uno de los ciudadanos que decide ejercerlo.