En el día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, el concejal Celio Nieves señala la urgencia en el cambio del modelo de atención psicosocial a las víctimas del conflicto armado residentes en Bogotá. Un informe de la Personería del 2019 estableció que en Bogotá tan solo el 2,5% de las victimas ha recibido apoyo psicosocial.

El 9 de abril se conmemora en Colombia el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado. El Acuerdo Distrital 491 de 2012 estableció que en esta fecha el Concejo de la Ciudad dedicará su sesión escuchar a las víctimas del conflicto establecidas en la ciudad y evaluar los avances en la política pública de atención a esta población. 

La fecha fue elegida porque hace 72 años, en este mismo día, el líder político y social Jorge Eliecer Gaitán, defensor de la democracia y de las poblaciones más vulnerables, era asesinado por la oligarquía de la época. Gaitán es una más de las víctimas de los conflictos que han ocurrido en la historia del país.    

El conflicto armado reciente ha dejado, de acuerdo al Registro Único de Víctimas (RUV) de La Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV), 8.970.712 víctimas en todo el territorio nacional. El RUV indica que en Bogotá se han presentado 28.255 víctimas; de las cuales el 44% lo fueron de Desplazamiento forzado y el 18,4% de homicidio.

Pero, además, Bogotá ha sido una ciudad receptora de población víctima del conflicto. De acuerdo al Registro Único de Víctimas, con fecha de corte del 29 de febrero de 2020, en Bogotá residen 353.991 víctimas del conflicto armado en Colombia. El 79,6% de las víctimas residentes en Bogotá son personas que llegaron a la ciudad después de un desplazamiento forzado, seguido de personas víctimas de amenazas (7.8%) y de personas víctimas del homicidio de algún familiar o persona cercana (7,4%). 

Política pública distrital de atención a las víctimas 

El Decreto 1084 de 2015 define los Indicadores de Goce Efectivo de Derechos –IGED- como un mecanismo de seguimiento y evaluación de la política pública de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno. El Acuerdo 587 de 2015, del Concejo, estipula que el gobierno Distrital debe adoptar los IGED como parte de un sistema de seguimiento y evaluación a la política pública distrital de víctimas. 

La actual administración recibe la política pública de atención a víctimas con unos indicadores preocupantes. El Informe de la Personería sobre los IGED, en el año 2019, advierte que las entidades del distrito estaban desarticuladas y que no había liderazgo de ninguna entidad para el tema de las víctimas. De los 249 indicadores que conforman la batería de IGED la Personería solo pudo medir el 42% de esos indicadores. Del 58% no se encontró información para realizar su medición.

La Personería estableció que en los IGED referidos con vivienda e ingresos los resultados son desfavorables. Solo el 35% de las víctimas residentes en Bogotá viven por encima de la línea de pobreza. En cuanto al indicador de vivienda digna, estableció que solo el 23% de las víctimas que residen en Bogotá vive en un domicilio con condiciones dignas. La Personería llamó la atención sobre la ausencia de una política de vivienda por parte de la administración anterior. De 87.669 familias víctimas del conflicto en Bogotá, de acuerdo al RUV, solo 581 familias fueron beneficiadas por los programas de vivienda de la administración que salió. 

Pero sin duda alguna, uno de los indicadores más preocupantes es el de atención psicosocial a esta población. De las víctimas que habitan en Bogotá, solo el 2.5% de las víctimas accedió a un servicio psicosocial; un resultado no solo precario, sino alarmante. 

La atención psicosocial es un pilar del Derecho a la Rehabilitación de las víctimas, y tiene como objetivo central mitigar los daños psicosociales y emocionales generados por el hecho victimizante. 

Ante esta situación, es necesario reestructurar la Política Pública de víctimas, en especial pasar a un enfoque atención que posicione la salud mental como un aspecto fundamental para la rehabilitación de las víctimas. Esto debe estar acompañado de la ampliación de los equipos profesionales, que en la administración pasada estuvieron limitados a los cuatro Centros Locales de Atención a Víctimas.