La noticia de que el Gobierno espera que más de mil estudiantes sean informantes del ejército en la ciudad de Medellín, por el inusitado incremento de la violencia, generaría una dinámica perversa, como ya lo ha demostrado en pasados años la política de seguridad democrática en todo el territorio nacional.

El problema no solo radica en dar información, radica en la recompensa que convierte a los ciudadanos de escasos recursos en lumpen de la sociedad, muchas veces con esta práctica se termina como en otros sitios de nuestra geografía, incriminando a inocentes por el pago de una recompensa.

Los colombianos estamos cansados de tanta injusticia y despropósito, los ciudadanos no deben esperar recompensa a cambio de su información, deben ejercer la ciudadanía con ética y decoro, para visualizar un mejor país; por las anteriores afirmaciones espero que los recursos que se malgastaron en recompensas, que terminaron siendo pagados a unos informantes y cuyo gasto debe empezar a ser objeto de investigación por los organismos de control, los cuales acabaron en manos de personas inescrupulosas, cubiertas bajo el manto del anonimato y quien sabe bajo que suerte de artimañas, señalaron injustamente a ciudadanos y luchadores cívicos, sociales, políticos y sindicales, aquí el Ejercito y el Gobierno tienen mucho que explicar.

La academia es un espacio de investigación, estudio, reflexión; el gobierno no puede con un argumento tan discutible como es el pago de recompensas, convertir a jóvenes universitarios ya la Universidad en un campo de batalla por unos pesos, ya que el remedio termina siendo peor que la enfermedad y es muy posible que “los sapos se conviertan en príncipes” con el encanto de las recompensas y finalizan siendo mercaderes de la conciencia humana y social.