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Vuelve con fuerza a Bogotá, esta vez por iniciativa del alcalde Enrique Peñalosa, la convicción de encontrar la prosperidad y la dicha de todos y todas, en las privatizaciones, la inversión extranjera y la disminución de la inversión social; en el paraíso de la liberalización financiera y el libre mercado.

Así es el paisaje que nos pinta la Administración de Peñalosa con gran bombo de los grandes medios, casi unánime e inusitado, en apoyo a la Alcaldía de Bogotá. Sin consideración alguna sobre los problemas del ambiente y los sociales, se promete y festeja un cuatrienio de vacas gordas donde habrá diluvios de cemento.

Pregonan que el alcalde Peñalosa compara su presupuesto con los costos de la ampliación del Canal de Panamá, para afirmar que su chequera es tres veces más poderosa y que gastar atrae más inversión internacional. Las riveras de nuestros ríos, nos dicen, serán embellecidas y no nos costará nada porque se encarecerá muchísimo la tierra y vamos a ganar mucho dinero. Vaya panorama para una Bogotá que durante 12 años se arraigó en la lucha por la equidad.

Se agita con fuerza y se hace camino la privatización de las empresas públicas en el Distrito Capital. Permite llenar rápido las arcas vendiendo las joyas de Bogotá, para pagar las sumas astronómicas que costará a las finanzas del Distrito todo aquello que “no nos costará nada”. Basta con vender la Empresa de teléfonos de Bogotá, ETB, o la empresa de acueducto y alcantarillado, EAB, o la empresa de energía eléctrica de Bogotá, EEEB, para ganarse la lotería en materia presupuestal. Gastar en 4 años lo que ha construido Bogotá en décadas y jugar el futuro de la prestación de los servicios públicos, al azar de los mercados y al supuesto malintencionado de que los privados son mejores administradores que los funcionarios de las empresas del Estado o del Distrito Capital.

En el cambalache la ciudad entrega a los privados el patrimonio empresarial público de la ciudad y la huella política de la izquierda en Bogotá, en materia de derechos de todo ciudadano. Busca resolver ambiciones presupuestales a corto plazo y conlleva la renuncia de la Administración Distrital a ser garante de los derechos fundamentales. El lucro es la razón de ser del esfuerzo privado, por ello no puede garantizar el servicio de agua, electricidad, salud, educación, etc; en zonas donde su ejercicio sea deficitario, por costos de su intervención y poca o nula capacidad del pago del usuario. La relación de los ciudadanos con los servicios públicos debe estar mediada por su condición de sujetos de derechos; por el contrario, en lo privado priman los acuerdos comerciales con ánimo de lucro; se desdibuja el ciudadano, se le reconoce como cliente.

La salud, la educación, el acceso al agua, a la energía, al alcantarillado, etc; no pueden depender únicamente de la capacidad de pago de cada cliente. Solo el servicio público puede garantizar la repartición óptima de los recursos en beneficio de una sociedad donde el Estado tenga poderes reales para intervenir y garantizar la prestación de los servicios. Estos no pueden someterse al riesgo de éxito comercial o de quiebra de los privados que los agencien.

El sector privado juega un rol en el país; no obstante, no podemos aceptar que el agua, la electricidad u otro servicio público que posibilite el ejercicio y disfrute de un derecho, caiga en manos de quienes esgrimen el lucro como fin.

La urgencia en Bogotá, antes que pensar en privatizar el suministro de los servicios, es fortalecer las empresas públicas para avanzar en la universalización del acceso a los servicios esenciales,  garantizándoles el mínimo vital a quienes no tienen cómo pagarlos. Esta es una función central, e innegociable, de la Administración Distrital, por su condición de garante de derechos. Peñalosa, ¿el privatizador distrital?.

Celio Nieves Herrera
Concejal de Bogotá



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Jefe de Prensa y Comunicaciones
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